Mariló Montero gana el juicio a Diego Arrabal y Gustavo González con una condena récord

Gustavo González Y diego arrabal han sido condenados a indemnizar 340.000 euros a marilo montero y su amiga por una injerencia ilegítima en su derecho a la intimidad y al honor.




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El Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid les ha condenado en un proceso civil por fotografiarlos sin su consentimiento cuando estaban de vacaciones fuera de España. Tras esto, difundieron imágenes de ellas en traje de baño y sin la parte de arriba del bikini, además de contribuir a difundir insinuaciones sobre su orientación sexual.

Según el confidencial –que ha tenido acceso a la sentencia–, Se trata de la mayor condena de este tipo en la historia de la justicia española.. El récord lo ostentaba hasta ahora la sanción impuesta a Grupo Zeta (310.000 euros) por fotografiar a Elsa Pataky semidesnuda.

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2014 y enero de 2015. Los reporteros Gustavo González y Diego Arrabal, quienes además de ser miembros de la Sálvame Y Vive la vida respectivamente tienen una empresa de fotografía (Code Press), localizaron a la presentadora cuando estaba con su familia en las Islas Malvinas, “empezaron a seguirla continuamente a escondidas y llegaron a captar, sin su conocimiento y consentimiento, imágenes de ella en un bikini y la de sus hijos en la cubierta del barco». Las imágenes terminaron publicadas en una revista.



Semanas después, Montero viajó a Bora-Bora con un amigo. Al llegar a España, le informaron que había sido fotografiada sin la parte superior del bikini. El anfitrión consiguió que un juez paralizara preventivamente la publicación de las imágenes, pero “la agencia demandada hizo declaraciones a diferentes revistas en las que no solo describían dichas fotografías, algo que casi igualaba su publicación; sino que también se hacían insinuaciones sobre su condición sexual”.

Los paparazzi alegaron en su defensa que Las imágenes habían sido tomadas en lugares públicos y que Mariló Montero es una personalidad relevante, argumentos que el juez rechazó: “Partiendo de la base de que la señora Montero es una periodista reputada, con relevancia pública, y que por ello sus derechos pueden verse algo limitados, lo que no debe soportar en absoluto es una persecución a su persona encaminada a capturar su imagen en momentos de su estricto ámbito privado, carentes del más mínimo interés público, para comercializar su imagen, que es lo que ha hecho la empresa demandada en el caso seguido, por lo que entendemos (…) que se ha violado su honor, su intimidad y su propia imagen. Así lo ha entendido también el Ministerio Fiscal”.



Aunque uno de los reportajes fotográficos nunca llegó a publicarse, “esto no quiere decir que los medios de comunicación y el público en general no se hayan hecho eco de ellos, lo que prácticamente equivale a su divulgación, no sólo la imagen e intimidad de la señora Montero, sino también su honor siendo entendido; por las veladas insinuaciones sobre su condición sexual provocadas por la conducta del organismo imputado. »

«No es posible adivinar qué tercero podría tener interés en esta divulgación que sin duda introdujo un plus por la venta del informe; insinuaciones no son ciertas, e incluso decir que la orientación sexual de una persona solo le concierne a ella y solo puede ser revelada por ella”, dice el magistrado.

Oración, que no es firme y puede ser apelada, les condena a pagar 265.000 euros a Mariló Montero y 75.000 a su amiga.

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